El periodo de sesiones de la asamblea general de Connecticut termina el miércoles que viene. Este es un año electoral en el estado, así que ha sido una sesión corta, de apenas tres meses; cualquier cosa que no haya sido aprobada por las dos cámaras antes de medianoche se convertirá en una metafórica calabaza legislativa y no podrá ser aprobada hasta el año que viene.
Normalmente estos son los días más frenéticos para lobistas, legisladores, activistas y otra gente de mal vivir. El tiempo de debate en el pleno es limitado y la montaña de propuestas salidas de comité gigantesca, así que todos andan como locos intentando cerrar los últimos flecos, pactar enmiendas, y suplicar a los jefes de las mayorías en ambas cámaras que la ley tiene votos suficientes, está lista para ser votada, y que si lo hacen serán héroes. Es una maratón un tanto absurda; escribo esto a las once de la noche un viernes, y veo de refilón en CT-N (el canal que retransmite las sesiones) que la cámara de representantes está debatiendo una ley sobre eficiencia energética de viviendas en alquiler.
Que esté escribiendo esto y no persiguiendo legisladores por el Capitolio os debería dar una pista sobre cómo anda la ley en la que estaba trabajando. Fair Workweek está, ahora mismo, en la agenda del comité de justicia esperando ser votada… y es muy probable que nunca suceda, ya que no tienen previsto volver a reunirse antes del miércoles.
Cómo la ley acabó ahí es una historia complicada que dice bastantes sobre cómo funciona un legislativo en Estados Unidos, en toda su excelsa ineficiencia.
Camino del funeral
Empecemos por el calendario. Este año sabíamos que teníamos un periodo de sesiones corto, así que nuestra intención era sacar la ley del comité de trabajo tan rápido como fuera posible para poder llevarla al pleno con margen para ser aprobada. Habíamos previsto que, dado que incluía medidas que permitían llevar quejas a juicio, antes de ser debatida iría al comité de justicia para otra votación. Sabíamos que teníamos los votos allí también, porque fue votada el año pasado y salió con holgura. Estábamos preparados.
A finales de marzo, sin embargo, el Speaker de la cámara de representantes anunció a los legisladores que no iba a convocar plenos durante al menos tres semanas, una vez los comités hubieran acabado su trabajo. Esto quería decir que lo ya de por sí es una agenda comprimida en una sesión corta (seis semanas de plenos) iba a convertirse en un sprint con menos de tres semanas escasas de votaciones. Dado que no había plenos, no había reuniones para referir propuestas a otros comités, así que nuestra ley se quedó varada tres semanas sin poder pasar ese trámite.
La ausencia de plenos nos provocó otra serie de problemas. Los legisladores en Connecticut no son políticos profesionales, así que, si no hay votaciones, no van al Capitolio. Normalmente parte del trabajo necesario para sacar adelante una ley consiste en contar votos (literalmente, preguntar a todo Dios qué piensan votar) para poder decirle al Speaker que pueden llevarla al pleno con garantías de que saldría aprobada. Si no hay plenos, los legisladores no están por los pasillos siendo perseguidos por lobistas, así que el recuento lo tienes que hacer por teléfono o por email.
Esas tres semanas nos las pasamos llamando a todo el mundo, montando eventos vía Zoom, presentaciones y demás para intentar llegar a tantos legisladores como fuera posible, pero no es lo mismo. A mediados de abril, cuando finalmente volvieron al Capitolio, teníamos cierta idea sobre quién nos iba a dar problemas, pero no habíamos tenido suficientes conversaciones y reuniones para tener una cuenta firme o saber qué deberíamos cambiar en la ley para ganar más apoyos.
Barreras y obstáculos
Es entonces cuando las cosas se empezaron a torcer. El Speaker, como líder del partido, no quiere llevar nada al pleno hasta que no esté seguro de que va a ganar la votación. También quiere garantías de que, en caso de que ponga la ley en la agenda, el gobernador no va a objetar o amenazar con su veto torpedeándola. La gente en la oficina del gobernador no es que tengan un entusiasmo desmedido por la ley, y nos piden que hablemos con la comisaria de trabajo (los jefes de consejería se les llama “commissioners”, que es un poco soviético) primero y con ellos después.
Es decir, que todos nos dan largas, y no tenemos las primeras reuniones con todos los implicados hasta el 18-20 de abril. Por separado, por supuesto, porque aquí nadie habla con nadie.
Es entonces cuando nos encontramos que la oficina del gobernador quiere eliminar uno de los componentes más importantes de la ley, la provisión que incluye a los restaurantes que operan bajo una franquicia bajo las normas sobre horarios. Esto reduciría el número de empleados cubiertos a casi la mitad, dejando fuera además los que sabemos que tienen el peor trato. El departamento de trabajo nos pone también una serie de trabas técnicas a la propuesta (y se lía a negociar con sus jefes en la oficina del gobernador sobre cómo solucionarlas), y el Speaker nos dice que hay un puñado de moderados que también quieren sacar a las franquicias de la ley.
En un periodo de sesiones menos abreviado que este, lo que habríamos hecho es contar votos. Ver cuántos moderados objetaban, qué clase de cambios nos bastaría para apaciguarles, y ver si podemos ir al Speaker y gobernador con una propuesta alternativa que tuviera apoyos suficientes. Pero claro, no teníamos tiempo para hacerlo, así que les dimos varias alternativas, sin recibir una respuesta inmediata.
Fue entonces cuando el Speaker se “acordó” que tenía que enviar la ley a otro comité, y es ahí donde nos mataron la ley el lunes.
Los piratas del comité
Dado que los legisladores habían estado tres semanas sin reunirse, el gobernador no había enviado la lista de nominaciones a juez hasta unos días antes. El comité de justicia tenía que votar esos nombramientos antes del final del periodo de sesiones, así que en la reunión tenían una agenda llenísima.
Es ahora cuando llegan los piratas: el líder de la minoría republicana en el comité vio que Fair Workweek estaba en la agenda, y resulta que detestaba la ley. El hombre anunció que, si no la sacaban de la lista, iban a reventar los nombramientos de juez de arriba abajo, forzando un debate inacabable para cada nominación.
Es decir, un filibuster de toda la vida.
Eso, en principio, no tenía por qué haber matado la ley. Los líderes demócratas del comité la apoyaban, y estaban más que dispuestos a tragarse horas y horas de debate si fuera necesario. Los republicanos podían retrasar la ley, pero no bloquearla.
El problema es que seguíamos sin tener los votos en el pleno. De haber pedido al comité que se pelearan durante horas para votar Fair Workweek, nuestros problemas con el gobernador y Speaker seguían ahí. Habíamos seguido negociando y hablando con legisladores durante los días previos y teníamos ciertas esperanzas de que quizás podríamos romper el bloqueo, pero no estábamos seguros de poder conseguirlo. Era perfectamente posible que estuviéramos quemando a nuestros amigos en el comité sólo para ver como nuestra bonita ley se quedaba sin votar en el pleno - y hacerlo llevándonos por delante otras leyes que sí tenían apoyos suficientes y varios nombramientos judiciales.
Con este panorama, las dos legisladoras que estaban llevando la ley decidieron que era mejor dejarla morir ahí, y les dimos la razón. Un par de llamadas más con aliados, asesores del gobernador y Speaker confirmó su defunción horas después.
Rechazando un acuerdo
Os preguntaréis, supongo, por qué nos negamos en redondo a sacar las franquicias. La ley, en ese caso, hubiera cubierto probablemente unos 150.000 trabajadores, en vez de los 250.000 previstos. Sí, era una ley peor, pero estaríamos ayudando a mucha gente. ¿Por qué no dar el paso ahora y volver a por más el año que viene?
No lo hicimos por dos motivos. Primero, porque es muy dudoso de que hubiera “año que viene”. Esta clase de leyes estatales que crean derechos nuevos tienen la mala costumbre de ser muy difíciles de reabrir, porque los legisladores creen que ya han hecho su trabajo. Hemos tenido problemas parecidos en cosas como la ley de bajas por enfermedad, donde Connecticut fue el primer estado en aprobar una, hace casi una década. No ha habido manera de ampliarla, así que tenemos una ley mucho más débil que otros estados vecinos que vinieron después.
Segundo, y más importante, sacar una ley débil sería una señal espantosa para otros estados que están intentando aprobar algo parecido. En este país los estados se copian unos a los otros; cuando alguien aprueba una normativa sobre algo es mucho más sencillo para los que vienen después decir que están haciendo lo mismo que hacen en Oregón, o Nueva York, o cualquier otra parte y adoptarlo. Lo ideal, en estos casos, es que cada estado sucesivo apruebe una ley más ambiciosa que el anterior, ampliando la frontera de lo posible en el debate. Si están haciendo una campaña nacional (y nuestra ley forma parte de un proyecto que cubre varios estados), quieres evitar que alguien saque algo adelante que dé mal ejemplo.
Eso es, precisamente, lo que hubiera pasado con las franquicias. El primer estado en sacar Fair Workweek adelante, Oregón, las incluía (mal, y con agujeros, pero las incluye); si Connecticut, segundo estado en hacerlo, las sacaba, íbamos a chafarles la campaña por completo a todos los que vinieran detrás. Ayudar a una parte de los trabajadores en nuestro estado ahora haría mucho más difícil proteger a todos en el resto del país. Lo mejor que podíamos hacer era esperar un año más, y volver a intentarlo el 2023.
Y la verdad, jode bastante. Lo hace porque llevamos años trabajando en esta ley, y los tres meses largos de sesión han acabado en nada. Y lo hace, sobre todo, porque un cuarto de millón de trabajadores seguirá con horarios de mierda en su trabajo y la vida hecha un desastre porque no conseguimos aprobar la ley.
Bueno, no nosotros, estrictamente. Fueron los líderes “moderados” del partido demócrata que, puestos en la tesitura de ayudar a cientos de miles de trabajadores cobrando poco más que el salario mínimo o un puñado de propietarios de pequeños restaurantes de comida rápida, escogieron contentar a los segundos.
Pero sobre la espléndida falta de lógica de esta gente hablaremos otro día.
Bolas extra:
En teoría el legislativo puede volver a reunirse fuera del periodo de sesiones para aprobar leyes de urgencia, pero raramente lo hacen.
Os preguntaréis por qué no podemos poner a Europa como ejemplo a seguir, en vez de mirar a otros estados. Os recuerdo que fuera de Estados Unidos sólo hay bárbaros y dragones, y que este es el país más provinciano del mundo.
¿Os acordáis del cambio legal sobre captive audience? Connecticut ha aprobado una ley sobre el tema, justo cuando es posible que la NLRB la haga irrelevante.
El martes publicaba un artículo en un periódico local enviando a parir a los demócratas por no sacar la ley adelante. Estoy muy orgulloso de él, aunque llegara tarde.
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