La mayor injusticia de América

La derecha trumpista americana descubre quienes son las verdaderas víctimas de la insurrección en el Capitolio: la derecha trumpista americana

La insurrección

El presidente de los Estados Unidos y una parte considerable de su partido intentaron dar un golpe de estado o algo que se parecía muchísimo a ello esta misma semana. Creo que es importante recalcar la extraordinaria gravedad de lo que sucedió el miércoles:

1. El presidente de los Estados Unidos llamó a sus seguidores a asaltar el capitolio para interrumpir la votación que reconocería a la victoria de su oponente en un mitin el miércoles por la mañana,

2. Trump estaba repitiendo un mensaje que llevaba emitiendo en redes sociales desde el día que perdió las elecciones.

3. El presidente de los Estados Unidos señaló a su vicepresidente poco menos que como un traidor en un mitin antes del asalto y en Twitter durante el asalto.

4. Los asaltantes al capitolio encontraron muy poca resistencia cuando intentaron forzar la entrada, hasta el punto de que muchas voces (incluyendo congresistas) señalan que es posible que incluso hubiera cierta complicidad.

5. Los asaltantes permanecieron dentro del capitolio durante dos horas. Múltiples llamadas por parte de líderes del congreso para que el presidente enviara la guardia nacional a protegerles fueron desestimadas. La orden de desplegar refuerzos tuvo que ser dada por el vicepresidente, al que los manifestantes estaban intentando asesinar.

6. A pesar de que una masa enfurecida había irrumpido en el capitolio horas antes intentando invalidar el resultado de las elecciones por las bravas, más de un centenar de legisladores republicanos votaron en contra de certificar la victoria de Joe Biden.

Sé de sobras que esto es repetitivo - conté básicamente lo mismo el miércoles, justo detrás de la insurrección, pero quiero asegurarme de que queda claro, muy claro, qué es lo que estaba en juego esta semana. Trump estaba utilizando su presencia en redes sociales para animar a una insurrección antidemocrática.

Trump estaba incitando a la violencia. Y sus llamadas fueron atendidas. Cinco personas murieron, y podría haber sido mucho peor.

Consecuencias

La pregunta, claro está, es sobre quién debe pagar las consecuencias ante estos hechos. De momento, el Departamento de Justicia y el FBI están deteniendo y empapelando a gente con entusiasmo; dado que los asaltantes tuvieron el detalle de retransmitir sus actos en las redes sociales, identificarlos y denunciarlos está siendo algo trivial.

El problema es Trump. Es obvio, porque está grabado, escrito, y porque lo estaba diciendo en voz alta sin parar desde noviembre, que el asalto al capitolio es algo que el presidente quería que sucediera. No sabemos si estaba directamente implicado, pero ese es un detalle irrelevante; Trump pidió esa misma mañana a los asistentes en un mitin que lo hicieran.

Es obvio que Trump no puede ser presidente, y debe ser destituido. La cuestión es cómo.

25º enmienda

Por un lado, tenemos las 25º enmienda, la provisión constitucional que permite forzar la salida de un presidente si se encuentra incapacitado o no puede ejercer el cargo. En teoría, este artículo está diseñado para casos en que un presidente enferme y no pueda dimitir, o pierda completamente la cabeza. En ese caso el vicepresidente, junto con una mayoría del gabinete, pueden votar su destitución, y las dos cámaras del congreso deben ratificarla antes de 21 días.

Esta opción tiene la ventaja de que es rápida (Pence sólo necesita convocar al gabinete) y sería ejecutada por republicanos, siendo menos partidista. Además, dado que a Trump le quedan 10 días en el cargo, el congreso ni siquiera debería votar sobre ello; Pence tendría el maletín nuclear y la autoridad presidencial, y Trump no podría cometer ninguna estupidez en el cargo.

El inconveniente es que Mike Pence no quiere utilizarla, a pesar de que varios miembros del gabinete (incluyendo el secretario de estado y el secretario del tesoro) lo han planteado.

Creo que el vicepresidente hace bien en tener dudas. Primero, Trump es un cretino y está fuera de sus casillas, pero no está incapacitado; recurrir a este método seria fraude de ley. Segundo, no hay ningún precedente en que basarse, y no hay demasiada claridad sobre quién debe votar y los plazos, así que es posible que acabara tomando demasiado tiempo. Pence, sin embargo, no ha descartado aún la opción por concreto si el estado mental de Trump empeora.

Sí, esa es la clase de afirmación que genera confianza.

Impeachment

La otra opción es el impeachment. El segundo impeachment de Trump, más en concreto. Los demócratas en la cámara de representantes parecen estar decididos a iniciarlo, y dada la indefinición del proceso en sí pueden enviarlo al pleno y votar este mismo lunes, si van deprisa.

Lo que no está claro es qué sucedería en el senado. En la madrugada del siete de enero, cuando el senado suspende la sesión tras confirmar la victoria de Biden, lo hicieron mediante una moción de consenso unánime (es decir, con todo el senado aceptando, sin objeciones) que rezaba que no se volverían a reunir hasta el 19 de enero. Según Mitch McConnell, esto significa que el senado sólo puede volver al pleno si ningún senador presenta objeción alguna en un intento de empezar una sesión. Dado que hay varios trumpistas convencidos en el senado que seguro negaría consentimiento, no hay impeachment que valga hasta el penúltimo día del mandato de Trump, y la votación casi seguro no tendría lugar hasta después de que abandonara el cargo.

Es decir, el tipo seguiría en el cargo los diez próximos días.

No está claro que McConnell tenga razón en este aspecto; es posible que una mayoría de senadores puedan votar a favor de adelantar su vuelta y eso sea válido. No soy abogado, y los procedimientos del senado americano son un galimatías delirante. Pero de momento, parece que no hay una opción fácil y rápida sobre la mesa.

En contra de lo que sucedió en febrero, por cierto, es posible que haya suficientes votos en el senado para sacar a Trump del cargo. Hay varios senadores republicanos que ya han dicho en voz alta que Trump debe dimitir o ser destituido (y no los habituales - es decir, no es sólo Mitt Romney), y muchos más están diciéndole a McConnell en privado que se lo están pensando.

La parte más divertida de este asunto es que con el impeachment el senado puede retirar el derecho de Trump a presentarse a unas elecciones federales de por vida, prohibiéndole volver a ser candidato. Este detalle parece motivar a algunos senadores republicanos, ya que se sacarían de encima a uno de los favoritos en unas primarias presidenciales en el 2024.

Y aún mejor: el senado puede aprobar un impeachment incluso después de Trump abandonara el cargo, así que no es del todo descabellado que a pesar del intento de McConnell de retrasar la votación, el impeachment le caiga igualmente.

Oh, las divisiones partidistas

Las declaraciones más absurdas estos días, por cierto, son la de multitud de legisladores trumpistas implorando a los demócratas que no inicien un impeachment porque eso “dividiría al país” y “enfadaría a los votantes de Trump”. Incluso le han pedido a Joe Biden que intervenga para que pare el proceso. Se quejan de que los demócratas están “incitando a la violencia”.

Porque claro, el problema no es intentar dar un golpe de estado con una insurrección violenta. El problema es intentar que quien lo hace rinda cuentas por ello. Ese es el verdadero delito.

La mayor parte de los republicanos, todo sea dicho, no están diciendo gran cosa estos días. El partido está aturdido. No me sorprende.

La verdadera injusticia

Si uno atiende a lo que dicen en Fox News, Breitbart, Daily Caller y demás medios de comunicación de la derecha trumpista americana, sin embargo, el mayor escándalo de la historia política americana reciente es que a Donald Trump le han cerrado la cuenta de Twitter.

Estos últimos días hemos visto una sucesión de redes sociales hacer limpieza, eliminando las cuentas de no sólo el presidente de los Estados Unidos, sino además de una multitud de figuras destacadas del trumpismo conspiranoico más militante. A estas expulsiones se le añaden la eliminación tanto por Apple como por Google de que Parler, una alternativa conservadora a Twitter, de sus respectivas tiendas de aplicaciones, y como colofón, su expulsión de AWS, los servidores de Amazon que albergaban el servicio.

Censura, dicen. Opresión, Silicon Valley intentando silenciar a los disidentes del sistema. Pensamiento único, discriminación ideológica etcétera, etcétera. Os imagináis.

Para empezar, no, nada de esto es censura. La primera enmienda, el derecho a la libertad de expresión, se refiere a que el estado, las autoridades, no puedan decidir qué contenidos son publicables o no. El gobierno puede censurarte, pero una empresa privada, por definición, no puede hacerlo. Del mismo modo de que yo no puedo ir al New York Times y exigirles que me publiquen artículos sobre el servicio ferroviario en la isla de Mallorca a grito de “es mi libertad de expresión”, Trump no puede exigirle a Twitter que le deje publicar lo que le dé la gana en su plataforma.

Es más, forma parte del derecho a la libertad de expresión de Twitter poder expulsar a Trump o a quien le plazca de su página. Trump, por el hecho de ser el presidente de los Estados Unidos, no puede utilizar su autoridad como líder del ejecutivo para imponer a los medios de comunicación que publiquen todo lo que él diga o retransmitan todos sus discursos, ya que eso vulneraría su libertad editorial. Twitter es el circo de Jack Dorsey, y es él quien decide qué payasos pueden estar en la pista. En caso contrario, lo que tenemos es al estado obligando a una empresa privada poner publicidad del régimen.

Y no, esto no tiene nada que ver con el propietario de un bar decidiendo que no va a servir a clientes porque son de derechas, o negros, o nada por el estilo. Como he comentado más de una vez, Donald Trump, Rudy Giuliani, o cualquier persona que tiene una cuenta en Twitter o Facebook no son clientes de esa red social, sino sus productos. Twitter no gana dinero dando altavoces a la gente, sino vendiendo la atención de sus usuarios a anunciantes. Si Twitter cree que tener un puñado de tipos organizando insurrecciones armadas que han acabado con muertos para intentar anular el resultado de unas elecciones en su plataforma disgusta a los anunciantes, Twitter está en su derecho de sacarles a patadas de ella.

Es más, es su deber hacerlo. Sus accionistas van a exigir a la empresa que mantenga a sus anunciantes, que son los que pagan, no hacer feliz a Trump.

De forma aún más irritante, la dichosa sección 230 de la que tanto habla Trump y que los republicanos quieren derogar de hecho haría que Twitter, Facebook y demás hicieran esta clase de cosas aún más a menudo. Esa provisión legal da inmunidad a Twitter, Facebook y demás contra pleitos derivados de cosas que digan o hagan sus usuarios en su plataforma. Si eliminamos esta inmunidad, cualquier página que tenga contenido generado por usuarios prohibirá de inmediato cualquier cosa vagamente ofensiva o polémica, sin el más mínimo reparo.

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Foto: Gage Skidmore.