Redefiniendo el gobierno a golpe de sentencia

El Tribunal Supremo y sus potenciales reformas constitucionales

Hubo una época, entre 1897 y 1937, en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que el gobierno no podía regular la economía en absoluto.

Libertad y contratos

La primera sentencia fue Allegeyer contra Louisiana. Todo empezó con una empresa de Nueva Orleans contratando un seguro para enviar algodón por vía marítima con una empresa de Nueva York. Eso contravenía una ley del estado que obligaba a cualquier residente a contratar seguros únicamente con compañías que tuvieran una presencia local, para prevenir fraude, y les impulso una multa. La empresa la recurrió, y tras varios años de litigios, el supremo decidió que la norma estatal era inconstitucional, porque violaba el derecho de libertad de contratos de la ley fundamental.

Parecía una sentencia inocente, pero los magistrados del alto tribunal acababan de descubrir un nuevo juguete. En años sucesivos, la “libertad de contrato” pasó a ser una pieza fundamental de la doctrina del supremo. En 1905, en Lochner contra Nueva York, decidieron que una ley estatal que limitaba la jornada laboral de los panaderos a sesenta horas semanales contravenía ese derecho. En Adair contra los Estados Unidos (1908), levantaron la prohibición de contratos laborales que no permitían a los trabajadores sindicarse. En 1918, con Hammer contra Dagehart, invalidaron las leyes federales sobre trabajo infantil. Con Adkins contra Children’s Hospital (1923), prohibieron leyes sobre salario mínimo.

DALL-E

FDR y la reforma judicial

Esta época, conocida como la Era Lochner, no terminó hasta bien entrado el New Deal. Roosevelt, recién reelegido por amplio margen (60-36, nada menos) y harto de que el supremo le tumbara leyes¹, decidió que había llegado la hora de reformar el supremo, añadiendo seis jueces más. Su maniobra fue recibida con reticencia por los legisladores demócratas sureños, temerosos de que FDR llenara la corte de progresistas que se pusieran a revisar leyes de segregación racial. Otros miembros de su partido se exclamaron ante una reforma tan súbita y radical. El presidente era inmensamente popular y tenía mayorías abrumadoras en ambas cámaras, así que eso quizás bastara para cambiar la ley.

Los jueces captaron el mensaje de inmediato. Poco después de que FDR diera una de sus charlas radiofónicas sobre la reforma, una sentencia del supremo (West Coast Hotel contra Parish) decidió que una ley estatal sobre salarios mínimos era ahora válida. Aunque era una restricción a la “libertad de contrato”, la constitución permitía imponer restricciones a esta si era para “proteger la comunidad”. Dos meses después, Van Devanter, uno de los jueces más conservadores, anunciaba su jubilación. La propuesta de reforma de Roosevelt sería derrotada poco después en el Congreso, pero el presidente tenía lo que quería: un tribunal que permitiera regular la economía. Su extraordinaria longevidad en el cargo hizo el resto; Roosevelt acabaría por nombrar siete jueces del Supremo.

Interpretando textos sagrados

Lo interesante de esta historia, además de poder explicar una batallita del muy admirado y alabado FDR, es la extraordinaria ductilidad de la constitución de Estados Unidos. La jurisprudencia de la era Lochner se basa en una interpretación increíblemente peculiar de la vigesimo cuarta enmienda, sección primera, esa que reza:

"All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.”

La argumentación del supremo en esta época es que al hablar de “liberty”, eso incluía una libertad total a firmar cualquier contrato que uno quisiera sin impedimentos, y que los tribunales podían invalidar una ley que lo hiciera (due process, debido proceso) si lo estimaban necesario. Nótese que la palabra “contrato” no aparece en ningún lado en el artículo; los jueces argumentaron que este era un derecho implícito (de penumbra²) en el texto, y con ello se pasaron cuarenta años demoliendo derechos laborales. Lochner fue una reforma constitucional en toda regla (¡el estado no puede legislar sobre el contenido de contratos privados en absoluto! ¡incluyendo trabajo infantil!), aprobada cinco votos a cuatro en un tribunal.

Volviendo a las andadas

Por una serie de accidentes políticos y biológicos que no vienen al caso, el tribunal supremo de los Estados Unidos tiene seis jueces nombrados por presidentes republicanos y tres por presidentes demócratas, a pesar de que los demócratas han sacado más votos en siete de las ocho últimas elecciones presidenciales. Como vimos en Dobbs, la sentencia que elimina la protección federal del derecho al aborto, estos seis jueces tienen muy, muy pocos reparos en reescribir precedentes constitucionales si así les conviene.

Y resulta que algunos de ellos son admiradores confesos de las sentencias de la era Lochner.

Este año el supremo va decidir un caso llamado Loper Bright Enterprises contra Raimondo, acerca de una regulación sobre pesca del gobierno federal. Según la normativa del servicio nacional de caladeros marítimos, los barcos arenqueros deben llevar un inspector de la agencia que vigile sus capturas, y los armadores deben correr con los costes. Un grupo de activistas judiciales conservadores cree que esta regulación es excesiva y representa una interpretación demasiado generosa de las leyes del sector. El objetivo, no obstante, no es liberar al sector del arenque de los malvados inspectores, sino permitir que el supremo revise un precedente de 1984, Chevron contra el Natural Resources Defense Council, sobre el que se basa gran parte del armazón reglamentario del gobierno federal.

El principio rector de Chevron es muy simple: una agencia independiente del gobierno federal puede adoptar normas para regular el sector bajo autoridad concedida por el congreso. Cuando alcance de esos reglamentos pueden ir más allá de la letra específica de la ley, porque los legisladores otorgan flexibilidad a la agencia (para que pueda responder a nuevas tecnologías, por ejemplo), los tribunales darán a esas normas el beneficio de la duda siempre que estén justificadas por criterios razonables.

Los activistas conservadores detestan Chevron, porque lo ven como la piedra angular de todo el armazón burocrático federal. Si el supremo decide invalidarla como precedente, su esperanza es que la sentencia dictamine que las agencias federales sólo puedan regular aquellos temas sobre los que el congreso les ha dado autoridad detallada y específica, sin “aventuras”; todo lo que no esté escrito en la ley explícitamente queda fuera. Dada la pertinaz incapacidad del legislativo americano en adoptar leyes coherentes y las décadas de agencias independientes regulando esencialmente todo (porque al congreso le encanta delegar poderes de este modo), las consecuencias sobre poco menos que todas las regulaciones en todos los sectores de la vida americana pueden ser enormes.

La vista oral sobre el caso fue a mediados de enero, y en vista de las preguntas de los seis jueces conservadores, se van a cargar Chevron seguro. Lo que queda por ver es cómo y qué dicen que una agencia puede regular.

Y habrá más

Loper Bridge, además, es sólo el principio. Este año también van a estudiar Corner Post contra Board of Governors, un caso que se centra en la jurisprudencia sobre quién tiene derecho a presentar un recurso contra una regulación aprobada por una agencia. La doctrina actual reza que un reglamento es recurrible cuando es promulgado y en seis años sucesivos. Los activistas conservadores quieren revisar el plazo a seis años después de que la norma provoque algún prejuicio al litigante, es decir, eternamente³.

Aparte, en Securities and Exchange Commission (SEC) contra Jarkesy, el supremo va a evaluar si un regulador independiente puede imponer multas y penalizaciones, o si la constitución prohibe al congreso delegar esa autoridad. Imaginad un mundo donde los inspectores laborales no pueden multar empresas, las agencias ambientales no pueden poner multas por vertidos o el regulador bursatil no puede retirar licencias o imponer multas por fraude.

Una sentencia del supremo en cualquiera de estos tres casos sería menos radical que permitir el trabajo infantil a la Lochner, pero básicamente eliminaría gran parte del poder del gobierno federal para regular la economía. Y no os preocupéis, que hay casos sobre “libertad de contratos” flotando en tribunales federales ahí fuera, intentando llegar al supremo. Es cuestión de tiempo.

Reformas por la puerta de atrás

¿Os acordáis eso de que contaba, no hace mucho, sobre las “tres constituciones” de Estados Unidos? El supremo puede cambiar (y de hecho, ha cambiado) la interpretación de la constitución por completo en muchos temas, y hacerlo en base a lecturas increíblemente extrañas del texto. Reevaluar Chevron tendría como punto de partida una relectura sobre la jurisprudencia de lo que el tribunal cree que el congreso puede delegar a terceros, simplemente porque Trump tuvo la inmensa potra de nominar a tres jueces.

Tres constituciones

Es lo que tiene ir por el mundo con una constitución escrita en el siglo XVIII y llena de florituras. Que los jueces se vienen arriba.

Bolas extra:

• ¿Quién es hispano? ¿quién es latino?

• Trump ganó las primarias de Carolina del Sur por veinte puntitos, y será el candidato a la presidencia. Haley sacó mejor resultado de lo previsto, pero no que le importe a nadie.

• Los Florida Man Games.

• Oye, que quizás hay cierre del gobierno federal el viernes que viene porque la mayoría republicana en la cámara de representantes sigue haciendo el merluzo.

1. Los dos únicos estados donde perdió FDR fueron Maine y Vermont. Cuando Nueva Inglaterra era republicana de veras.

2. Y sí, eso de los “derechos de penumbra” es la misma doctrina que “alumbró” el derecho a la privacidad que legalizó el aborto con Roe v. Wade.

3. El fondo del caso va sobre una regulación de tasas de tarjetas de crédito del 2011, por cierto.