El jueves de la semana pasada, en medio de la emergencia sanitaria en Estados Unidos, salió a la luz un escándalo político que explica bastante como funciona la corrupción en este país. El Senador Richard Burr, republicano de Carolina del Norte y presidente del comité de inteligencia del senado, vendió 1,7 millones de dólares en acciones el 13 de febrero, tras atender a una presentación a puerta cerrada sobre el coronavirus.
Burr, como casi todo el mundo en el partido republicano, llevaba semanas diciendo que la epidemia no era una amenaza y que estaba bajo control. En privado, sin embargo, su mensaje cambiaba; en un almuerzo para donantes a puerta cerrada el 27 de febrero, Burr les advertía que estábamos ante una pandemia comparable a la gripe de 1918. Burr no fue el único que vendió toneladas de acciones tras escuchar presentaciones a puerta cerrada sobre el coronavirus. Kelly Loeffer, senadora republicana por Arizona, no sólo vendió toneladas de acciones, sino que además ella y su marido (está casada con el CEO de la bolsa de Nueva York) compraron acciones en Citrix, que vende software para teletrabajo.
Ambos hechos son escandalosos, aunque sólo el primero es delictivo. Richard Burr y Kelly Loeffer vendieron acciones antes que el mercado se desplomara porque tenían acceso a información privilegiada, algo que es ilegal en Estados Unidos. Por motivos inexplicables desde cualquier punto de vista de buen gobierno, es perfectamente legal para miembros del congreso tener acciones en empresas privadas, incluso empresas reguladas por comités a los que pertenecen. Burr votó en contra hace unos años del último intento legislativo para prohibir esta práctica; el insider trading es hoy un problema endémico en el congreso.
La charla de Burr a donantes es un ejemplo más sobre cómo regar de dinero a políticos te da algo mucho más valioso que contratos federales: te da acceso a información que nadie más conoce. Esa charla con el senador permitió que un grupo de hombres de negocio bien conectados supieran que lo que estaba contando el presidente no era cierto, y que los expertos en la CDC estaban convencidos que la crisis iba a ser muy grave.
La corrupción, en Estados Unidos, casi nunca tiene el aspecto de mordidas, sobornos, o incluso legislación favorable a cambio de donaciones. Es casi siempre más sutil, aunque igualmente insidiosa; lo que “compran” los donantes, las super PACs (comités de acción política, grupos independientes que compran publicidad a favor o en contra de leyes y candidatos), y lobistas es información, acceso, capacidad de poder ser la voz que buscan los políticos en tiempo de crisis. Todos los intercambios son legales, (casi) toda la información sobre quién habla con quien es pública y notoria, y no hay maletines, cuentas en Suiza o comisiones de por medio, pero los políticos se enriquecen con sus inversiones en gente a la que regulan, los donantes siempre son los expertos a los que se consulta cuando hay que decidir nada, y todos saben antes que nadie cuando vienen mal dadas.
De todos los intercambios corruptos que vemos en Washington y los capitolios estatales, el más pernicioso y extendido es cuando los políticos “venden” incompetencia. Lo vimos el año pasado con Boeing y la radical incapacidad de la FAA para regularles, y lo vemos cada vez que el congreso o la Casa Blanca reduce el presupuesto de agencias reguladoras o nombra a ex-lobistas o idiotas congénitos para dirigirlas. Es perfectamente legal poner a un patán insensato como director de la agencia medioambiental o nombrar un troglodita que no cree en el cambio climático. Para las empresas que quieren menos regulación ambiental para aumentar sus beneficios es un regalo magnífico, y algo que te da todas la medidas que quieres sin tener que sobornar a nadie. Simplemente necesitas tener acceso a los políticos cuando buscan a quién nombrar.
Arreglar esto es complicado porque todo es legal y todos el mundo con poder de decisión está encantado con este sistema. Es algo, además, mucho menos visible; es fácil conseguir una reacción ciudadana hostil ante un soborno o comisiones ilegales, pero buena suerte convenciendo a alguien que la regulación del carbón en Kentucky es un problema sistémico. Burr (que no se iba a presentar a la reelección) está en un problema un poco más grave porque ganar dinero en una pandemia queda feo (le han criticado incluso en Fox), pero no es nada habitual.
Reformas en el desastroso sistema de financiación de campañas electorales en Estados Unidos y profesionalizar la administración son soluciones obvias. El problema es que no estoy seguro que demasiados legisladores entiendan que lo que hacen es deshonesto.
Nota al margen:
Los republicanos han intentado desviar la atención diciendo que Dianne Feinstein, demócrata por California, también vendió acciones. Feinstein, no obstante, tiene las acciones en un blind trust (fideicomiso ciego - un fondo que controla las acciones sobre el que el propietario no tiene control alguno), y sus gestores vendieron ese día participaciones en una empresa de biotecnología que ha subido en bolsa desde entonces.
La corrupción a nivel municipal, por cierto, es mucho más clásica y chusquera. Los sobornos, comisiones y pelotazos son lo que acaba llevando alcaldes a la cárcel en este país.