Florida, jueces y votos

Una historia corta sobre políticos y referéndums: Estados Unidos y el derecho a voto (III)

En noviembre del 2018, los ciudadanos en Florida votaron a favor una enmienda a la constitución del estado que daba el derecho a voto a aquellas personas que habían sido condenadas por haber cometido un delito y cumplido su pena. Sólo en casos de asesinato o abusos sexuales los criminales no recuperarían su derecho a sufragio. Gracias a este referéndum, 1,4 millones de personas (casi un diez por ciento del electorado) podrían votar en las elecciones presidenciales del 2020.

La cosa no duró demasiado. Los republicanos controlan el legislativo y ejecutivo en Florida, y rápidamente aprobaron una ley que “desarrollaba” la enmienda constitucional. Los ex-convictos podían votar, sí, siempre y cuando hubieran pagado todas las tasas, multas y sanciones monetarias que tuvieran pendientes con las autoridades.

El estado no creó ningún mecanismo para que el ex-presidiario pudiera averiguar cuánto debe al estado, condado, ciudad, sheriff, o cárcel (porque en Florida pagas tasas por estar en la cárcel), ni una base de datos centralizada sobre ello. Si un ex-delincuente fuera a votar con multas impagadas, incluso si fuera por descuido o porque nadie le ha comunicado lo que debía, estaría cometiendo el delito de votar ilegalmente. En un ejemplo de “clemencia”, el reo recién salido de prisión puede pedir al juez que le perdone las deudas o le permita recuperar el derecho a voto haciendo voluntariado y servicios a la comunidad, porque todo el mundo tiene dinero para un abogado al salir de la cárcel.

Esta ley es un ejemplo escandaloso de coger una enmienda constitucional obvia y clara y pervertirla por completo, amén de una vulneración casi descarada de la vigésimo cuarta enmienda de la constitución que prohíbe explícitamente crear “poll taxes”, es decir, condicionar el derecho a voto al pago de un impuesto.

La ACLU (American Civil Liberties Union) y otras organizaciones proderecho a voto llevaron la ley a los tribunales, y un juez federal tumbo la ley en mayo declarándola inconstitucional. En su sentencia, el juez señala que al condicionar el derecho a voto al pago de tasas que financian el funcionamiento del sistema penal del estado, Florida estaba creando un impuesto en todo menos el nombre, violando frontalmente la constitución. Uno no puede crear un sistema que exija pagar para poder votar.

Por supuesto, las autoridades de Florida recurrieron la sentencia, que fue a parar al tribunal de apelación de Atlanta (el 11th circuit cubre también Florida). En este tribunal, un panel de tres jueces reafirmo la sentencia, pero Florida insistió en que la decisión fuera tomada por el pleno. Los 10 jueces han dictaminado esta semana que la ley es constitucional, y que Florida puede continuar exigiendo el cobro de tasas y multas para poder votar en noviembre.

La votación del tribunal ha sido 6-4. Cinco de los votos a favor de validar la ley han sido nombrados por Donald Trump, el sexto por George W. Bush. Los otros cuatro fueron nombrados por Bill Clinton o Barack Obama.

La ACLU ya ha anunciado que recurrirán la sentencia al supremo, pero este tribunal ya ha dado señales que no cree que la ley sea inconstitucional. La mayoría de los jueces del supremo, no hace falta olvidarlo, han sido designados por republicanos.

Toda esto es una explicación muy larga para recalcar que en Estados Unidos hay una larga, insidiosa tradición de utilizar trabas legales para restringir el derecho a voto de varios colectivos para ganar elecciones. En Estados Unidos, el derecho a voto sigue sin estar protegido constitucionalmente. Los republicanos no tienen el más mínimo remilgo en legislar abiertamente en contra de los resultados de un referéndum donde un 65% de votantes apoyó extender el derecho a voto, y los jueces que han nombrado para ocupar puestos vitalicios en tribunales federales acatarán fielmente la línea del partido sin rechistar.

La administración Trump ha sido extraordinariamente incompetente en muchas cosas, pero en lo que respecta a nombrar cientos de jueces federales Trump ha sido uno de los presidentes más eficaces de la historia. Los demócratas quizás ganen las elecciones algún día, pero buena suerte legislando con todos esos magistrados trumpistas ahí fuera.

¿No es un país encantador?

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• Recordatorio: el 17% de la población de Florida es negra, pero representan el 48% de la población reclusa.

• Otro de esos escándalos que serían apocalípticos un día normal, pero que bajo Trump son “otro viernes más”: cargos políticos del departamento de salud manipularon informes de la CDC sobre el coronavirus.

• En “motivos para ilegalizar Facebook”: hay gente en Oregón que está rechazando órdenes de evacuación para huir de los pavorosos incendios forestales que asolan la costa oeste porque han “leído en internet” que Antifa está en su pueblo y va a saquear casas y provocar más incendios.

• Diez por ciento de la población de Oregón ha tenido que evacuar debido a los incendios. Este es el equivalente a 4,7 millones de personas en España, para que os hagáis idea del desastre.

• Uno de los “socios” de Rudy Giuliani “investigando” la corrupción del hijo de Joe Biden en Ucrania ha sido sancionado por el departamento del tesoro de los Estados Unidos por intentar interferir en las elecciones americanas a cuenta del gobierno ruso. Rudy Giuliani ha declarado al conocer la noticia (y esta es una cita literal):

  “I have no reason to believe he is a Russian agent. There is nothing I saw that said he was a Russian agent. There is nothing he gave me that seemed to come from Russia at all. How the hell would I know?”