Libertades en Estados Unidos
Libertades en Estados Unidos
Dos casos judiciales y una de comisarios políticos
El cartero
El tribunal supremo
Una de las cosas que me parecen más fascinantes del sistema político americano es el derecho constitucional. La interpretación de la ley fundamental de Estados Unidos tiene, en el fondo, muy poco de jurídico; el tribunal supremo y sus sentencias tienen a menudo profundas consecuencias en el gobierno y sociedad americanas, y ambos partidos tratan la institución, desde hace décadas, como una especie de cámara legislativa sui generis de tercera lectura.
Que el supremo pueda ejercer de legislador así por las bravas se debe, en parte, a la tradición jurídica en la que se asienta el ordenamiento legal americano (derecho consuetudinario y common law), en parte porque la constitución es una antigualla ambigua casi irreformable escrita con un lenguaje difícilmente trasladable al siglo XXI. Lo cierto es que la interpretación de la constitución es donde los mejores abogados de un país absolutamente repleto de abogados dedican una cantidad casi ilimitada de energía mental, creando argumentaciones y debates intelectualmente fascinantes.
Argumentaciones que importan poco en el fondo, por supuesto, porque el supremo suele actuar siguiendo la disciplina de partido. Aun así, cada año hay varios casos que no sólo tienen consecuencias importantes, sino que se prestan a debates fascinantes.
La religión
Este año el supremo va a decidir sobre Groff v. DeJoy, una disputa legal entre un cartero y el el US Postal Service (USPS), el servicio de correos del país. El señor Gerald Groff era un cartero en una zona rural de Pensilvania. Groff es muy religioso, y sus creencias le dictan que no debe trabajar los domingos durante el Sabbath. Allá por el 2015, USPS llegó a un acuerdo con Amazon para encargarse de hacer entregas de paquetes en domingo, así que la oficina de correos del bueno de Gerald empezó a necesitar personal los fines de semana. Debido a sus creencias religiosas, Groff pidió a su supervisor que le eximiera de tener turnos dominicales, y le fue concedido.
Hablamos, sin embargo, de una pequeña oficina de correos en medio de ninguna parte, con tres carteros en plantilla. Los otros empleados era menos religiosos y no temían la cólera de Dios si vulneraba el Sabbath, pero también tenían su vida y sus amistades, y acabaron un poco hasta las narices de tener que comerse todos los domingos todas las semanas. Para evitar problemas, el USPS transfirió a Groff a otra oficina donde no repartían paquetes los domingos, pero eso no duró demasiado. Sus supervisores al principio le permitieron saltarse los turnos dominicales siempre que encontrara a alguien que le cubriera el reparto, pero sus colegas allí también acabaron por hartarse. Convencido de que le iban a despedir si seguía saltándose días de reparto, Groff dimitió de su puesto, e hizo lo que todo buen conservador americano hace cuando algo sale mal: hacerse la víctima y ponerle un pleito al gobierno.
Leyes hostiles
Las leyes federales de empleo, como sabéis, suelen ser bastante hostiles a los trabajadores, y en este caso no son una excepción. Una empresa no puede despedir a un empleado debido a sus creencias religiosas a no ser que demuestre que estas creencias no pueden ser acomodadas sin causar un coste considerable a la empresa. Como es habitual, la definición de “coste considerable” (undue hardship, en el término legal de aquí) acabó siendo establecida por una sentencia del supremo de 1977 (Trans World Airlines v. Hardison, y sí, me encanta que la TWA siga viva de este modo), y es excepcionalmente rácana: todo lo que no sea un coste trivial (de minimis) es motivo suficiente para justificar el despido.
Los tribunales federales dieron la razón a USPS, ya que la jurisprudencia era bastante clara. Groff, sin embargo, estaba representado por una de estas ONGs de abogados conservadores con montañas de dinero que viven para casos como este, y fueron recurriendo el caso hasta llegar al supremo. Y el alto tribunal, estos días lleno de conservadores, picó el anzuelo, así que va a tomar en consideración el caso y probablemente cambiar la ley.
Un equilibrio complicado
Lo fascinante de Groff es que el punto de partida es (creo) una ley federal chapucera interpretada de forma hostil al trabajador en una sentencia previa que merece ser revisada. La duda, y lo que todo el mundo se pregunta con este supremo, es qué estándar de discriminación van a definir ahora, y qué consecuencias puede tener para este y otros casos. El supremo, en años recientes, ha interpretado la libertad religiosa de forma muy expansiva; el caso más célebre (pero no el único) fue para permitir que los seguros médicos de empresa no tuvieran que ofrecer anticonceptivos si eso vulneraba las creencias religiosas de los propietarios del negocio (es una sentencia fascinante; la expliqué aquí en detalle). Es decir: el supremo ve aceptable que para proteger la libertad religiosa de unos, estos puedan exigir o imponer recortes en derechos de terceros, y con Groff, quizás creen otra ronda de consecuencias imprevistas.
Supongamos, por ejemplo, un caso que no es descabellado, porque hemos visto cosas parecidas en los tribunales: un empleado de un comercio, restaurante, o clínica que se niega a dar servicio a clientes transexuales porque su religión los considera “impuros”. O que un encargado de un almacén de Amazon se niegue a contratar judíos por motivos religiosos. O una empresa que exija el derecho a no emplear mujeres, o insista en tratarlas como seres inferiores. Es obvio que la ley debe proteger la libertad religiosa de los trabajadores, pero lo que no es obvio es ni cómo ni hasta que punto. Si el supremo se pasa de frenada, podemos acabar con toda clase de chiflados discriminando al prójimo alegremente porque su religión así lo pide. Si se quedan cortos, podemos quedarnos con algo tan anémico como Hardison, donde las empresas pueden simplemente despedirles a poco que protesten.
Es un problema fascinante, sin duda… que sólo existe porque en el congreso son unos chapuzas y aprobaron una ley que no significa nada.
El gobernador
El movimiento conservador americano lleva desde hace un par de años obsesionado con lo Woke. Viendo Fox News o escuchando las radios reaccionarias en AM, uno acabará convencido que en Estados Unidos hay una enorme, tremebunda, gigantesca trama del establishment progreuniversitariocomunistamarxista para imponer una ideología que se basa en el odio a la cultura y civilización occidentales, el odio al hombre blanco, las mariconadas, el ecologismo y la lechuga orgánica.
Vamos, que Vox no se ha inventado nada nuevo.
Entre los grandes males de este ataque a la Nación se encuentra los estudios sobre racismo. Hablar sobre la existencia de racismo y sus consecuencias es profundamente sospechoso de contener ideas progreuniversitariocomunistamarxistas e intentar adoctrinar a los niños sobre cosas malas. Así que tenemos legisladores y gobernadores republicanos por todo el país aprobando leyes prohibiendo o limitando la posibilidad de dar clases sobre critical race theory, que es una cosa que hacían cuatro sociólogos todo felices en un rincón de la academia antes de que Fox News decidiera que todo el partido demócrata eran amantes de esas teorías y que era todo una conspiración progreuniversitariocomunistamarxista para dominar el mundo.
Eso incluye, cómo no, Florida, donde el gobernador y probable candidato a la presidencia Ron DeSantis firmó una ley llamada la “Stop Woke Act” dirigida a combatir la subversión comunista, indoctrinación comunista, y la conspiración comunista internacional para debilitar y corromper nuestros sagrados fluidos corporales.
DeSantis desde luego anda todo entusiasmado nombrando a activistas conservadores para que actúen como comisarios políticos que se dedican a purgar a las universidades del estado de progreuniversitariocomunistamarxistas (no, no es una exageración) y forzando que los temarios de institutos y universidades no incluyan autores sospechosos de hablar de cosas hostiles a América como decir que hay racismo, hablar sobre gays, o decir que hay opresión de alguna clase.
Ahora quiere aprobar una ley que obligará a las universidades del estado a dar clases sobre “civilización occidental” y luchará contra la “conformidad ideológica” en esas instituciones. Y no ve contradicción alguna.
Por descontado, todo esto es pura política. El partido republicano, incluso en tiempos pre-Trump, era un partido cada vez más anti-intelectual, y DeSantis (que estudió historia en Yale y derecho en Harvard) cree que comportarse como un neandertal le ayudará en las primarias. Todo esto es carnaza para las bases, que siempre aprecian un poco de autoritarismo contra la gente con gafas.
A veces en el GOP suenan más como Khemeres Rojos que cualquier otro partido occidental.
El policía
Joseph Franco era un detective de narcóticos del departamento de policía de la ciudad de Nueva York. Hace tres años, investigadores de asuntos internos descubrieron que durante toda su carrera había tenido la costumbre de crear pruebas falsas y mentir en declaraciones juradas ante jueces, posiblemente enviando decenas de inocentes a la cárcel. Debido a sus actos, la fiscalía ha tenido que abandonar más de 100 casos en los que había estado implicado, y tienen más de 400 pendientes de revisión.
El 2019, la fiscalía lo denunció por perjurio, negligencia, y mala conducta. El NYPD lo despidió poco después.
Esta semana se celebró, finalmente, el juicio, y este policía que hizo una carrera enviando gente a la cárcel sin motivo se sentó en el banquillo de los acusados. En el quinto día del juicio, sin embargo, la fiscalía admitió que no había entregado una cantidad considerable de documentos y pruebas derivadas de la investigación contra Franco al tribunal y la defensa. Es un error de bulto, imperdonable, lo suficiente grave para que el juez declarara el juicio como inválido de inmediato. Franco es un hombre libre y es muy improbable que acabe pagando por sus crímenes.
Puede que sea un error aislado, pero la oficina de investigaciones especiales, que es la rama de la fiscalía que lleva acusaciones como esta, ha investigado 24 casos en los últimos dos años, y no ha ganado ninguno.
Da que pensar.