Rompiendo el equilibrio

El Supremo establece el gobierno de la minoría en Estados Unidos

La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de ayer aboliendo el derecho constitucional al aborto no ha pillado a nadie por sorpresa. Sabíamos desde principios de mayo que los seis jueces conservadores estaban decididos a derogar Roe vs. Wade, la sentencia de 1973 que reconocía que el derecho implícito a la privacidad hacía que las leyes que prohibían el aborto fueran inconstitucionales. Hoy, simplemente, se ha hecho oficial.

Las consecuencias de una sentencia

Las consecuencias tampoco han sido inesperadas, pero son dramáticas. Múltiples estados tenían trigger laws, “leyes gatillo” aprobadas y firmadas por sus gobernadores en los últimos años con una cláusula que indicaba su entrada en vigor en el momento en que Roe vs. Wade fuera tumbada. En nueve (Utah, Dakota del Sur, Missouri, Kentucky, Oklahoma, Arkansas, Alabama y Luisiana), el aborto es completamente ilegal a partir de ayer desde el mismo momento de la concepción. En cinco estados (Arkansas, Kentucky, Luisiana, Missouri y Dakota del Sur) la prohibición no incluye excepciones ni siquiera en caso de embarazo por violación o incesto.

La cosa no queda aquí. Hay un puñado de estados con trigger laws cuya entrada en vigor se establece una o varias semanas después de que Roe cayera. Eso incluye Texas, el segundo estado más poblado, donde la ley de aquí treinta días tampoco permitirá abortar ni siquiera en casos de agresión o delito sexual alguno. Hay otro grupo de estados con restricciones menos draconianas, como prohibir aborto tras las primeras seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Finalmente, hay un buen puñado de estados con leyes que prohibían el aborto anteriores a 1973 cuyo estatus legal es incierto, ya que no está claro si entran ahora en vigor o no. En total, hay 21 estados donde la interrupción del embarazo será total o casi completamente ilegal antes de que acabe el verano, y tres o cuatro donde es muy probable que lo esté antes de otoño.

Así que es cierto que el supremo no ha “prohibido el aborto”. Pero para mujeres en la mitad de los estados del país, es como si lo hubieran hecho.

Protestas contra la sentencia en New Haven, CT

Razonamientos espurios

La profunda, deprimente ironía de esta sentencia es que el tribunal unos días antes dictó otra sentencia casi igual de radical, pero en sentido completamente opuesto. Al eliminar Roe, la mayoría conservadora dice que la constitución no reconoce de forma explícita el derecho a la privacidad, y que por lo tanto es tarea de los legisladores decidir si el aborto debe ser legal o no. Días antes, New York State Rifle & Pistol Association vs. Bruen, esa misma mayoría estableció que los legisladores no pueden establecer que una persona cumpla ciertos requisitos para llevar pistolas en público (sean ocultas o visibles) porque eso contradice un derecho que la constitución no reconoce de forma explícita, el derecho a llevar armas de fuego.

Vale la pena pararse a leer la argumentación en ambas sentencias. La sentencia que deroga Roe (Dobbs v. Jackson Women´s Health Organization) se basa en la idea de que ni en el momento en que se escribió la constitución ni en 1868 cuando se ratificó la vigésimo cuarta enmienda (sobre la que descansaba, en parte, Roe), el derecho al aborto era algo aceptado ni aceptable, y que por lo tanto la constitución no puede interpretarse de modo que proteja este derecho. Samuel Alito, que escribe la sentencia, tiene los santos cojonazos de citar un texto de Henry de Bracton escrito en el siglo XIII (no, no es coña) para justificar la idea de que el aborto siempre había sido visto como algo criminal. El mismo Alito señala que incluso entonces no se consideraba algo inmoral si se interrumpía el embarazo antes de que el feto empezara a moverse, pero dejemos estos detalles para otro momento.

En Bruen, Clarence Thomas tiene la santa jeta de utilizar la misma clase de argumento. Esta vez el tipo cita una ley promulgada por el parlamento británico en 1689 (no, no es broma) para justificar que el derecho individual a poseer armas de fuego era algo común y bien entendido cuando los padres fundadores escribieron la constitución, así que obviamente la segunda enmienda hace que ese derecho sea poco menos que absoluto. Es un poco como si el constitucional en España hubiera utilizado la Unión de Armas de Olivares para justificar la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, vamos. La sentencia, por supuesto, ignora sistemáticamente la auténtica montaña de restricciones a la posesión de armas de fuego que existían en 1791, o el hecho de que la ley que están derogando era una ley estatal aprobada en 1913 y que ningún tribunal había creído “contraria a la visión de los fundadores” durante más de un siglo.

Básicamente, los padres fundadores estaban pensando y haciendo aquello que la visión reaccionaria de estos tipos encuentre más conveniente, y todo lo que contradiga esa visión en el registro histórico es alegremente ignorado y punto. La idea de que las sentencias se basan en razonamientos legales y no en preferencias políticas es pura ficción, y a estas alturas ni se molestan en ocultarlo.

El gobierno de los seis

Aunque el andamio intelectual de ambas sentencias es netamente contradictorio, el objetivo que persiguen es muy consistente. Los seis jueces conservadores del supremo de los Estados Unidos está no sólo perpetuando una visión profundamente conservadora del país, sino que está estableciendo, de manera sistemática, mecanismos para que sean las instituciones y minorías más reaccionarias quienes dicten esta visión al resto.

En el caso del aborto, el tribunal está dando las llaves del coche a los estados, sabiendo perfectamente de que muchos van a perseguir incluso a las mujeres que se vayan a otro sitio a interrumpir su embarazo. En los próximos años vamos a ver muchos, muchos casos de jueces sureños exigiendo a clínicas y hospitales del norte información sobre sus clientes. Esos casos acabarán en el supremo tarde o temprano, y Dios sabe qué decidirán; el precedente de la ley de esclavos fugitivos (1850) no se le va a escapar a nadie. Al hablar de armas de fuego, simplemente han decidido derogar cualquier legislación que no siga una interpretación absolutista de la segunda enmienda, digan lo que digan los estados.

En otra sentencia publicada este año, el supremo ha dictaminado que las autoridades estatales deben financiar colegios religiosos si los padres quieren llevar a sus hijos a ellos si no tienen una escuela pública cerca, anteponiendo la libertad religiosa a la estricta (hasta ahora) separación entre iglesia y estado. Del mismo modo, llevan años abriendo la posibilidad de que cualquier persona del país pueda dejar de cumplir leyes debido a objeciones religiosas, y están dedicados a erosionar o incluso eliminar la capacidad del gobierno federal para regular la economía. La semana que viene esperamos una sentencia que puede poco menos que invalidar cualquier intento federal de regular emisiones que aceleran el cambio climático.

Estos jueces, además, han dejado bien claro que no tienen intención alguna de quedarse aquí. En Dobbs, Clarence Thomas señala que en vista de la nueva lógica constitucional que incluye la sentencia, es probable que sea el momento de reconsiderar otros casos relacionados como Griswold, Lawrence y Obergefell. Para los que no leen abogado reaccionario ofuscando cosas, Obergefell es la sentencia que legalizó el matrimonio homosexual en todo el país, Lawrence es la que tumbó las leyes estatales que prohibían la sodomía (léase homosexualidad) y Griswold es donde el supremo derogó las leyes que prohibían el uso de anticonceptivos. Sus compañeros en el tribunal han dicho que no, esas sentencias no serán revisadas, pero son los mismos jueces que dijeron repetidamente durante su confirmación en el senado que no iban a cargarse Roe. Poca credibilidad tienen.

Lo más extraordinario de todo este asunto es que no solo estas sentencias son increíblemente impopulares (un 85% de americanos quiere que el aborto sea legal, por Dios), sino que emanan de un tribunal excepcionalmente poco representativo desde cualquier punto de vista democrático. Cinco de los seis jueces de la mayoría conservadora fueron nombrados por presidentes republicanos que llegaron al cargo sacando menos votos que su oponente en las elecciones; tres de ellos por Trump. Uno llegó al cargo después de que los republicanos en el senado bloquearan un nombramiento a un presidente demócrata durante un año entero. Otra fue confirmada una semana antes de que un presidente republicano perdiera las elecciones.

El supremo, además, es bien poco representativo del país en general. Ocho de los nueve jueces del tribunal han ido a Harvard o Yale. Siete de sus miembros son católicos, dos judíos, en un país donde poco más de una cuarta parte del país son miembros de esas religiones.

Este tribunal ha sido siempre una institución contra mayoritaria, a veces de forma tan agresiva como contraproducente. Estos días no es sólo contra mayoritaria, sino que se ha convertido en poco menos que un gobierno reaccionario en la sombra, dispuesto a imponer la agenda política de los estados más conservadores de la unión sobre el resto del país.

Estados fallidos

El experimento federal americano, en teoría, permite que cada estado decida sobre cómo quiera gobernarse, y dándoles amplios poderes para hacerlo. Esto hace del país un laboratorio sobre ideas políticas, donde cada estado adopta un programa político y vemos las consecuencias de este.

Si miramos las diferencias entre los red (conservadores) y blue (progresitas) states, parece obvio de que hay algo tremendamente equivocado, roto y disfuncional en el programa político conservador. La renta per cápita de los estados progresistas es, de media, un 25% más alta que en los conservadores. La pobreza infantil es un 20% menor. El porcentaje de hogares con gente bajo el umbral de la pobreza es casi un 40% inferior. El número de muertes por armas de fuego per cápita es casi el doble en estados conservadores, así como la mortalidad materna. La esperanza de vida en los estados progresistas es tres años más larga. El gasto por educación es, por supuesto, mucho mayor en los blue states (un 50%), y el porcentaje de población sin seguro médico es mucho menor. Este patrón se repite en básicamente cualquier indicador económico, social o de salud que uno escoja, casi sin excepciones.

Debido a la peculiar composición del senado, los avatares del colegio electoral y un tribunal supremo dominado por amantes de la agenda reaccionaria de los red states, sin embargo, el modelo político de estos estados no sólo está sobrerrepresentado políticamente, sino que está siendo impuesto desde los tribunales.

Por supuesto, no es en absoluto descabellado que los republicanos ganen una mayoría en el congreso este otoño, y la presidencia en el 2024, sacando significativamente menos votos que los demócratas. Y usen sus mayorías para prohibir el aborto en todo el país.

¿Qué nos queda?

Donald Trump es un patán fascista que debería estar en la cárcel, pero si algo ha demostrado en los últimos años es que tiene un instinto político considerable. El expresidente lleva diciendo en privado desde el día en que se filtró Dobbs que la derogación de Roe v. Wade iba a hacer más daño que bien a su partido.

La teoría de Trump, en este caso, es que eliminar el derecho al aborto indignaría a un grupo demográfico clave en Estados Unidos, las mujeres que viven en los suburbios, movilizándolas en contra de los republicanos. Siempre cínico, Trump sabe que Roe era un arma muy potente para agitar a las bases conservadoras, una de esas batallas políticas que es mejor no ganar. Es perfectamente posible que esta decisión, junto con Dobbs, acabe siendo una victoria pírrica: durante años los demócratas han acusado a los republicanos de extremismo, y ahora finalmente van a tener la prueba.

El problema, sin embargo, es que revertir estas decisiones es casi imposible. Ser juez del supremo es un cargo vitalicio; la mayoría actual será inamovible durante décadas. Cualquier intento de reforma del tribunal (los poderes del supremo y su composición están muy poco detallados en la constitución) se topará con los absurdos requisitos de supermayorías en el senado, y eso si la tremenda sobrerrepresentación de los estados rurales no hace imposible antes ganar votación alguna. El colegio electoral exige que los demócratas deban ganar las presidenciales por más de tres puntos para alcanzar la presidencia.

A los enormes, colosales obstáculos constitucionales se les añade la particular inoperancia del partido demócrata. Todo el mundo sabía que Roe corría peligro, pero los líderes del partido han respondido con la habitual mezcla de vacuidad absurda y total inoperancia que les caracteriza en tantos temas. Parte del problema es que el partido necesita ganar en lugares muy conservadores para mantener su mayoría en el senado (léase: West Virginia). Más importante, sin embargo, es como la gerontocracia que dirige al partido parece vivir anclada en los años noventa, en una época donde había republicanos moderados, Bill Clinton era presidente, y el GOP no estaba lleno de fascistas aplaudiendo golpes de estado dentro del país.

Lo que debe quedar claro a estas alturas es que esto no va sólo sobre el aborto, sino mucho, mucho, mucho más allá. Estamos hablando de un tribunal y un partido político que quieren imponer la agenda de una minoría reaccionaria sobre el resto del país, sea desde los tribunales, sea invalidando el resultado de unas elecciones presidenciales. La democracia americana siempre ha sido disfuncional; estos días esa disfuncionalidad es más cercana a la de 1857 que a lo que esperamos de cualquier país avanzado.

El partido demócrata debe despertarse de una santa vez, de buen seguro. El buenismo woke buscando bipartidismos y consensos no los ha llevado a ningún sitio. Es hora de cambiar de estrategia, o quedará bien poco del país que dicen defender en pocos años.